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Biocombustibles: entre el shock petrolero y la decisión de un nuevo marco regulatorio en el país

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  El futuro de los biocombustibles en el país y en la región, y el lanzamiento del Movimiento por la Transición Energética de la Movilidad, fueron los ejes de dos paneles del Congreso Maizar 2026 moderados por el director Ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz, Patrick Adam. Participaron el secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, Daniel González, que explicó la ley de biocombustibles que impulsa el Gobierno, y estimó una balanza comercial positiva de 40.000 millones de dólares para el sector de hidrocarburos en los próximos cuatro años; y el especialista internacional en biocombustibles y energías renovables del IICA, Agustín Torroba, para quien los biocombustibles tienen un mercado inmenso: hoy 60 países mezclan con etanol, y 7 de cada 10 litros de nafta en el mundo contienen este componente.
La guerra de Medio Oriente volvió a dejar al desnudo la vulnerabilidad del planeta en materia de combustibles y de energía. Ante este escenario, el secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, Daniel González ofreció una visión integral sobre el presente y el futuro del sector energético en la Argentina, enmarcado en lo que describió como una oportunidad en medio de la crisis.
El funcionario sostuvo que estamos en un momento de shock petrolero, aunque con características particulares. Para el sector local, esto representa una oportunidad histórica debido a que la Argentina posee en Vaca Muerta un recurso de «clase mundial» que compite favorablemente con los mejores desarrollos de shale en el mundo.
Este potencial se ve favorecido por dos factores externos: un cambio de clima de inversión bajo la gestión del presidente Milei, que busca transformar a la Argentina en un país «invertible», y el incremento del valor estratégico de recursos alejados de los puntos de conflicto geopolítico derivados de la guerra. González proyecta que la producción de petróleo y gas seguirá creciendo de manera permanente, y estimó una balanza comercial positiva de 40.000 millones de dólares en los próximos cuatro años solo para el sector de hidrocarburos. Este flujo de divisas, sumado a la minería, podría eliminar definitivamente la restricción externa de la economía argentina.
Sin embargo, aclaró que la abundancia de recursos no implica necesariamente precios de combustibles bajos de forma artificial. González advirtió que intervenir los precios internos para mantener el gasoil por debajo de la paridad de exportación sólo genera escasez, como ocurrió en 2023. La política del actual Gobierno, remarcó, es la no intervención, permitiendo que el sector privado —productores y refinadores— ajuste los precios de manera gradual para amortiguar el impacto en la demanda, evitando un pass-through salvaje.
Uno de los pilares de la gestión actual, según González, es que el Gobierno no cree en incentivar un tipo de energía contra otro ni en decidir de forma centralizada quiénes son los ganadores o perdedores en el mercado energético. La visión es que la energía se transforme en un vector de competitividad a través de un ciclo completo de desregulación.
Con respecto a los biocombustibles, González fue categórico al afirmar que existe un consenso generalizado en que «el marco regulatorio actual no da más» y debe ser modificado. El Gobierno impulsa un proyecto de ley, que actualmente se encuentra en la Cámara de Senadores, que califica como moderno, equilibrado y con un alto nivel de consenso (aunque no absoluto), buscando un cambio estructural que abandone la dinámica de precios y cupos fijados discrecionalmente por la Secretaría de Energía.
El proyecto establece incrementos en los cortes obligatorios de los combustibles, llevando al 15% el etanol en las naftas y al 10% el biodiésel en el gasoil. En el caso del etanol de maíz, González subrayó que el aumento práctico es de casi el 50%, ya que la competitividad de este sector le permitirá capturar la mayor parte del cupo adicional frente al etanol de caña.
Un punto central de la propuesta es el trato diferencial para el biodiésel debido a la complejidad de su industria. González explicó que se ha diseñado una transición gradual de cinco años específicamente para proteger a las pequeñas y medianas empresas (pymes) del sector. El objetivo final es hacer una transición hacia un sistema de competencia que proteja al consumidor, asegurando productos de calidad al menor costo posible.
El funcionario dijo que no se propone subir el corte de biodiésel por encima del 10% en lo inmediato porque es entre un 50% y un 100% más caro que el combustible fósil. Aumentar el corte significaría un incremento directo en el precio del gasoil, algo que el Gobierno no está dispuesto a trasladar a los consumidores ni a los productores agropecuarios que utilizan el combustible para sus labores. González enfatizó que se busca un equilibrio que no implique un costo fiscal inasumible para el Estado (dada la exención de impuestos que mantienen los biocombustibles), ni un encarecimiento del transporte y la producción.
Para funcionario, el futuro de los biocombustibles debe asemejarse al funcionamiento del mercado de gas o de energía eléctrica. La intención es lograr un mercado transparente, donde existan tanto un mercado spot como un mercado a término.
El mercado a término permitiría que un productor de biocombustibles pueda invertir en una planta con la seguridad de haber vendido su producción a un mezclador por los próximos cinco años a precios de mercado, algo que no existe bajo la regulación actual. Los principios rectores de esta nueva arquitectura son la transparencia y la competencia, eliminando la obligación de la Secretaría de Energía de intervenir en cada transacción.
El proyecto de ley contempla la posibilidad de que las provincias o los consumidores particulares quieran ir más allá de los niveles de corte obligatorios establecidos por la Nación. Para ello, se propone la creación de un mercado libre por encima del corte obligatorio, donde se pueda competir libremente contra otras alternativas, como la nafta o el gasoil tradicional.Esta disposición permite que aquellas jurisdicciones con mayor vocación por los biocombustibles puedan fomentar un consumo superior, siempre bajo una lógica de mercado y competencia, y sin que ello represente una carga forzada para el resto de los consumidores del país que se rigen por los estándares nacionales.
Por su parte, Agustín Torroba, especialista del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), ofreció una perspectiva ambiciosa sobre los biocombustibles, describiéndolos como un mercado «infinito» para la producción local si se mira más allá de las fronteras nacionales. Según Torroba, el sector atraviesa una etapa de masificación global: hoy 60 países mezclan etanol y 7 de cada 10 litros de nafta en el mundo contienen este componente, graficó
Destacó que las grandes potencias agrícolas están liderando ese crecimiento. Estados Unidos, un mercado 60 veces más grande que el argentino, ha autorizado recientemente el uso de E15 (15% de etanol) durante todo el año, lo que moviliza casi 170 millones de toneladas de maíz. Y Brasil muestra una tendencia agresiva, proponiendo elevar la mezcla de etanol del 27% al 30%, o incluso al 35%.
En cuanto al biodiésel, Torroba identificó una dinámica de «dos velocidades». Por un lado, el FAME (biodiésel convencional) mantiene un crecimiento moderado del 2-3% anual. Por otro, el HVO (aceite vegetal hidrotratado) está creciendo a tasas de 2 y 3 dígitos, representando ya el 30% del mercado total de biodiésel. En este segmento, Indonesia lidera el camino hacia mezclas del 50%, mientras que Brasil planea aumentar su mandato de biodiésel 1 punto porcentual por año, hasta alcanzar el 20%, permitiendo además el coprocesamiento en refinerías.
Una tendencia clave para Torroba es el uso de mezclas puras en maquinaria agrícola, una estrategia que Brasil está trabajando intensamente. Este enfoque es fundamental porque permite bajar la huella de carbono de la propia producción de biocombustibles: el uso de estos combustibles en las labores agrícolas puede reducir entre un 30% y 40% la intensidad de carbono del ciclo de vida del producto final. Es el paso lógico para descarbonizar la cadena desde su origen.Torroba puso especial énfasis en los Combustibles Sostenibles de Aviación (SAF). Proyecta que en los próximos 25 años el mercado de SAF será equivalente a todo el mercado mundial de etanol y biodiésel actual. En los escenarios más optimistas, el SAF podría representar hasta tres veces la producción total de biocombustibles de hoy, alcanzando casi 500 millones de metros cúbicos.
En el sector marítimo, el crecimiento es igualmente disruptivo. Se está viendo el surgimiento de buques duales que funcionan con metanol y etanol. Aunque hoy representan solo el 0,3% de la flota operativa, el 10,5% de los pedidos de nuevos buques ya son de tecnología dual. Para Torroba, el etanol es hoy una opción económica competitiva frente al búnker oil, cuya diferencia de precio se ha reducido notablemente.
Para capitalizar estas oportunidades, Torroba presentó el Movimiento por la Transición Energética de la Movilidad en Argentina, una iniciativa multisectorial inspirada en modelos exitosos de Brasil. El objetivo de la iniciativa es impulsar una política de Estado para la transición energética de la movilidad basada en recursos locales, y la definió como una propuesta «tecnológicamente agnóstica», que no se casa con una única solución sino que integra biocombustibles, hidrógeno verde, GNC y electromovilidad.
A través de su funcionamiento, el Movimiento buscará generar consensos técnicos entre fabricantes de automóviles (como Toyota y Volkswagen), transportistas, fabricantes de maquinaria agrícola (como John Deere) y la agroindustria, para que la política cuente con instrumentos técnicos de largo plazo y no dependa de discusiones coyunturales.
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