Desde CARBAP valoramos el anuncio realizado por el Presidente de la Nación respecto al cronograma de reducción de los Derechos de Exportación (DEX).
La decisión constituye una señal positiva y coherente con el camino que el Gobierno Nacional viene impulsando en materia de reducción de la presión impositiva, apertura económica, libertad de comercio, ordenamiento macroeconómico y recuperación de los equilibrios fiscales. Reconocemos los avances alcanzados en estos aspectos, que han contribuido a generar un escenario de mayor previsibilidad para la producción y la inversión.
Consideramos que el equilibrio fiscal debe consolidarse como una verdadera política de Estado. La estabilidad macroeconómica es una condición indispensable para el crecimiento sostenido de la Argentina y constituye una demanda histórica de quienes producen, invierten y generan empleo en todo el país.
Asimismo, entendemos que el esfuerzo por alcanzar y sostener el equilibrio fiscal debe ser acompañado por todas las jurisdicciones. Mientras se avanza en la reducción de impuestos nacionales, preocupa la creciente aparición de tasas municipales y tributos provinciales que, muchas veces sin una contraprestación efectiva, terminan reemplazando los gravámenes que se eliminan y profundizando la presión fiscal sobre la producción. La competitividad del sector agropecuario no depende únicamente de los Derechos de Exportación; también se ve afectada por una estructura impositiva provincial y municipal que continúa expandiéndose y que requiere una profunda revisión.
Sin embargo, entendemos que el cronograma anunciado debería contemplar una reducción más acelerada de los Derechos de Exportación. Si bien comprendemos los desafíos que implica sostener el equilibrio de las cuentas públicas, no resulta razonable que dicho esfuerzo continúe recayendo de manera desproporcionada sobre un único sector productivo a través de un impuesto distorsivo que desalienta la producción, limita las exportaciones, reduce la inversión y afecta la incorporación de tecnología.
La producción agropecuaria argentina continúa enfrentando una situación de clara desigualdad respecto de otros sectores de la economía. Mientras numerosas actividades han visto eliminados sus derechos de exportación o cuentan con regímenes específicos de promoción e incentivos, como los contemplados en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el agro sigue soportando una carga tributaria diferencial que condiciona su competitividad y restringe su potencial de crecimiento.
Por ello, consideramos fundamental que el cronograma anunciado no tenga como horizonte final el año 2028, sino que establezca de manera explícita el camino hacia la eliminación total de los Derechos de Exportación. Del mismo modo, entendemos que dicho sendero debería quedar plasmado en una ley que otorgue previsibilidad y seguridad jurídica a largo plazo, evitando que futuras administraciones vuelvan a recurrir a este instrumento que ha demostrado ser perjudicial para el desarrollo productivo y exportador del país.
Los fundamentos para avanzar en esa dirección son cada vez más sólidos. En su reciente informe sobre la economía argentina, el Fondo Monetario Internacional identificó a los Derechos de Exportación como uno de los principales impuestos distorsivos que afectan el crecimiento, las exportaciones, la inversión y la incorporación de tecnología. Asimismo, citó estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires que muestran que su eliminación permitiría incrementar significativamente las exportaciones agroindustriales en la próxima década, además de generar mejoras en la producción, el ingreso de divisas y el crecimiento económico del país.
Estas conclusiones ratifican algo que el sector productivo viene señalando desde hace años: la eliminación de los Derechos de Exportación no debe ser vista como un beneficio sectorial, sino como una herramienta de desarrollo para toda la Argentina. Más producción significa más actividad económica, más empleo, más exportaciones, más divisas y una mayor capacidad de generación de riqueza para el conjunto del país.
Desde CARBAP seguiremos acompañando todas aquellas medidas que fortalezcan la estabilidad macroeconómica, promuevan la inversión y permitan liberar el enorme potencial productivo del interior argentino.
El camino iniciado es positivo, pero el objetivo final debe ser claro: la eliminación definitiva de los Derechos de Exportación y la construcción de un sistema tributario que incentive la producción en lugar de castigarla.
