El pasado 21 de octubre se celebró en la Sociedad Rural de Rio Cuarto (Córdoba) la “Jornada sobre Justicia y Seguridad en las Regiones de actividad rural”, generándose un excelente ámbito de intercambio de conocimiento y experiencias entre los convocados.
La Jornada contó con la presencia de representantes del Ministerio Público Fiscal, miembros de las fuerzas policiales y productores agropecuarios, todos ellos de diferentes provincias, circunstancia que hizo muy rico el encuentro.
Por la mañana se inició la Jornada con la presentación de la mesa de enlace local que planteó la problemática del productor local, y se refirió especialmente a los avances que en los últimos tiempos ha tenido en materia de seguridad. Se destacaron los avances dados en materia de seguridad y justicia a partir de la determinación de la Provincia de Córdoba de proteger al campo y sus habitantes con medidas concretas como la asignación de recursos a la patrulla rural, el establecimiento de nuevas bases y generar un contacto permanente entre la
policía, los fiscales y los productores.
Luego llegó el turno al panel compuesto por miembros de las fuerzas de seguridad, en el que participaron las máximas autoridades de la policía rural de Córdoba, y ex miembros de las policías rurales de Buenos Aires y Santa Fe. El intercambio fue muy importante poniéndose de acuerdo en varias ideas fuerza que pasamos a señalar:
1) Las fuerzas de Seguridad deben tener una División rural.
2) Esa División rural no solo debe trabajar en la faz preventiva sino también
investigativa.
3) Se requiere de la asignación de medios que permitan el patrullaje y la interacción con productores y empleados del campo.
4) Hay que estudiar sistemas para el reemplazo y renovación del material rodante
como así también las formas de lograr su mantenimiento.
5) Se requiere en el ámbito judicial de interlocutores especializados.
6) Análisis y verificación de los lugares en donde resulta conveniente establecer las bases operativas.
7) Se debe hacer un seguimiento del negocio de venta del material robado.
8) Debe existir un trabajo interjurisdiccional en material de seguridad rural.
9) Se debe convocar a un seminario nacional de seguridad rural para la renovación de protocolos de seguridad, y establecer criterios de buenas prácticas que puedan ser utilizadas por las diferentes policías.
Por la tarde, se abrió el módulo del Ministerio Público Fiscal, que contó con la
presencia de Fiscales que acudieron en representación de los Procuradores de las Provincias de Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. Las presentaciones fueron muy interesantes y se logró un verdadero intercambio productivo en relación a las experiencias de cada jurisdicción, acordando también una serie puntos sobre los que se consensuó, a saber:
1) Es muy importante contar con Fiscalías especializadas, o bien secretarías consustanciadas con la problemática, a los efectos de lograr el mayor esclarecimiento de hechos delictivos en el ámbito rural.
2) Es el objetivo de todo procedimiento judicial, la obtención de medios de prueba a los efectos de ordenar las medidas probatorias, acusar y condenar a los responsables de cometer los delitos.
3) Las acciones conjuntas con las policías están dirigidas a la obtención de medios de prueba que permitan el impulso de los procesos judiciales, buscando la protección de la víctima y respetando los derechos de los imputados.
4) Es muy importante que los productores realicen las denuncias y que las Fiscalías tengan un contacto directo con las víctimas.
5) Los delitos en el ámbito rural hoy en día van más allá del abigeato, y se están verificando actos de extrema violencia hacia la población rural.
6) El Ministerio Público está abierto a las nuevas formas de solución de conflictos, sin embargo, frente a situaciones de cortes de rutas o de bloqueo al acceso a plantas se han impulsado serias imputaciones penales para estos casos.
7) Resulta muy importante el análisis del mapa de denuncias para su esclarecimiento, y el trabajo interjurisdiccional.
8) Se recalcó la disponibilidad de acceder a servicios del Laboratorio de Genética aplicada de la Soc. Rural Argentina y de otras universidades para el análisis de ADN a los efectos de la detección de los responsables de delitos.
Finalmente, se escuchó un último módulo que trató la problemática de las violentas usurpaciones que ocurren en el Sur de nuestro país, bajo la excusa de supuestas reivindicaciones de auto denominados grupos originarios.
Así la cosas, de la exposición se pudo concluir que no existe ningún fundamento legal que autorice la utilización de la violencia como medio político o de reclamo, que los grupos autodenominados “originarios” en realidad no lo son, y que de todas formas los hijos y nietos de inmigrantes o nativos de nuestro país deben ser considerados iguales ante la ley y adjudicatarios de los mismos derechos y obligaciones. Es absolutamente imprescindible que no existan personas que se consideren por encima de la ley y de la jurisdicción de los jueces designados conforme a las normas constitucionales.
Al cerrar el evento, se destacó especialmente el clima de colaboración e intercambio de ideas que existió durante la jornada, y se destacó la necesidad de aplicar criterios científicos alejados de la discusión de política partidaria para llevar adelante políticas públicas que solucionen la problemática del productor
