La agricultura enfrenta una escasez de 300 mil trabajadores y el alza de permisos para bolivianos reabre la discusión sobre modernizar la normativa migratoria y laboral.
La escasez estructural de mano de obra en la agricultura chilena volvió a instalarse en la agenda pública. A pesar de que el sector genera más de un millón de empleos directos e indirectos, la industria calcula un déficit cercano a 300 mil trabajadores, una brecha que se profundiza entre noviembre y abril, en plena temporada de cosechas. Ante esta realidad, la presencia de trabajadores bolivianos se ha convertido en una pieza clave para sostener la operación de los huertos, impulsada por un incremento significativo en la entrega de visas temporales durante 2025.
Según datos obtenidos por la SNA a través del Servicio Nacional de Migraciones, entre enero y agosto se otorgaron 91.761 permisos temporales a ciudadanos bolivianos, casi cuatro veces más que los 23.516 entregados en igual período del año anterior. Dado el ritmo de la campaña frutícola -particularmente la temporada de cerezas, que mueve alrededor de US$ 2.500 millones-, el sector prevé que la cifra final del año superará con facilidad los 100 mil casos, consolidando a Bolivia como el principal origen de mano de obra extranjera en el agro. El aumento también se relaciona con la Visa Mercosur, cuyo convenio vigente permite tramitar permisos laborales con el documento de identidad, exime del pago de US$ 90 y garantiza autorización por dos años renovables. Además, el sistema actual responde en un promedio de 15 días, un salto considerable frente a los largos retrasos que solían extenderse por un año.
A junio, los bolivianos concentran el 56% de todas las visas temporales otorgadas en 2025. Les siguen Venezuela (14%), Colombia (6%), Perú (6%) y Haití (4%). Para el presidente de la SNA, Antonio Walker, esta participación no solo sostiene la operación agrícola, sino que responde a una cultura laboral afinada al trabajo agrícola: «Han trabajado toda la vida en el campo; son un aporte fundamental». Walker afirma que la experiencia con Bolivia podría replicarse hacia países del Mercosur y asociados, como Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Perú o Colombia, dado que -según señala- la ley de inmigraciones no se hace cargo de la realidad laboral del agro.
El debate, sin embargo, trasciende al sector privado. A fines de septiembre, Walker sugirió abrir un proceso de regularización para migrantes que ya residen en el país, argumentando que la falta de mano de obra impide responder a los picos productivos. La propuesta fue rápidamente cuestionada por actores políticos, quienes advirtieron que una flexibilización amplia podría profundizar la crisis migratoria. Aun así, gremios agrícolas insisten en evaluar mecanismos de formalización que permitan sostener la actividad, destacando que el 85% de los trabajadores de packings son chilenos, mientras que los extranjeros se concentran en labores de huerto.
Para líderes como Iván Marambio, presidente de Frutas de Chile, el sistema actual «funciona», pero no es suficiente. Señala que la Visa Mercosur ha permitido incorporar del orden de 100 mil trabajadores legales, pero advierte que Chile no puede basar toda su política migratoria agrícola en un solo mecanismo. Reclama avanzar hacia visas laborales modernas, eficientes y acordes a la demanda estacional de la agricultura.
Desde la academia, el análisis incorpora otra dimensión: la necesidad de condiciones laborales dignas. Las investigadoras Lidia Casas, Judith Schönsteiner y Marcela Zúñiga, del Centro de Derechos Humanos UDP, sostienen que flexibilizar leyes migratorias no resolverá problemas estructurales del empleo temporal. Recalcan que muchos trabajadores -migrantes o chilenos- requieren estándares de vivienda, remuneración y jornadas que hagan viable trasladarse al campo por semanas o meses. «La contratación de personas migrantes no debe considerarse como un recurso para llenar vacíos de empleo», subrayan. Agregan que un sistema ordenado debe garantizar trabajo decente, en línea con obligaciones internacionales.
La discusión también incluye el límite legal que impide a las empresas contratar más de 15% de trabajadores extranjeros, salvo excepciones, lo que según la SNA genera distorsiones y fomenta intermediarios que dificultan contratos directos. Para el gremio, modernizar esa normativa es indispensable para evitar cuellos de botella y avanzar hacia un sistema migratorio que responda a las necesidades reales del sector agrícola.
En un contexto de exportaciones crecientes y competencia global por mano de obra, Chile enfrenta el desafío de equilibrar seguridad migratoria, productividad agrícola y condiciones laborales adecuadas. El debate continúa abierto y promete intensificarse conforme avance la temporada de cosechas.
Fuente: AgroLatam.com
